El Tribunal Federal ha dictaminado que el gobierno canadiense no está obligado legalmente a revelar detalles sobre sus intervenciones diplomáticas a favor de una empresa minera canadiense que ha sido acusada de abusos de los derechos humanos en Guatemala.
El fallo se dio en respuesta a una demanda presentada por Shin Imai — profesor de derecho de la Universidad de York y cofundador del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa — en la que solicitó que se ordene a Ottawa divulgar las secciones censuradas en los documentos proporcionados por el gobierno ante una solicitud de acceso a la información.
Esos documentos ocultan informaciones sobre las comunicaciones de funcionarios canadienses con Goldcorp, el gobierno guatemalteco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de la solicitud de suspensión de las operaciones de la mina Goldcorp en Guatemala en 2010 emitida por dicha comisión. Esta solicitud sin precedentes se hizo en respuesta a los alegatos de abusos de los derechos humanos, los daños ambientales y los impactos a la salud.
Los detalles que Ottawa reveló en los correos electrónicos, las notas de las reuniones y otros documentos divulgados sugieren sin embargo que funcionarios canadienses intervinieron con rapidez a favor de Goldcorp, ejerciendo presión durante meses sobre los representantes de Guatemala y de la CIDH. Al final, Guatemala se negó a cerrar la mina y la comisión retiró su solicitud.
“¿Qué discutieron los embajadores y ministros del gabinete canadiense en la avalancha de reuniones y llamadas telefónicas con Goldcorp, los funcionarios de la CIDH y el vicepresidente de Guatemala?” cuestiona Karen Hamilton, directora de Above Ground. La opinión pública debería tener acceso a esta información, y saber hasta dónde llegaron los funcionarios canadienses en su afán por influir en el fallo, cuyos efectos han sido devastadores para las comunidades cercanas a la mina”.
Según el tribunal, estaba justificado que Ottawa ocultara detalles clave en los documentos que divulgó, argumentando que era razonable esperar que su revelación “perjudicaría las relaciones internacionales de Canadá”. En un primer momento, el propio tribunal emitió la decisión bajo una prohibición de publicación, varias semanas antes de hacerla pública en febrero.
“Si los canadienses no pueden obtener información relevante sobre el apoyo diplomático que nuestro gobierno presta a las empresas en el extranjero, entonces nuestras normas de divulgación pública están desfasadas y requieren una reforma”, afirma Emily Dwyer, Directora de Políticas de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa.
“Las personas que viven cerca de la mina de Goldcorp siguen sufriendo las consecuencias de la contaminación y otros daños”, afirma Jean Symes, codirectora y analista de políticas de Inter Pares. “Este caso, más allá de los problemas de transparencia que hace visibles, demuestra que es necesario contar con normas vinculantes que exijan a los diplomáticos canadienses priorizar la protección de los derechos humanos sobre la protección de los intereses comerciales.”
Contactos de prensa
- Tara Scurr, Amnistía Internacional, 236-995-0924, tscurr@amnesty.ca
- Catherine Coumans, MiningWatch Canadá, 613-256-8331, catherine@miningwatch.ca
Se puede facilitar contacto con el demandante y representantes de las comunidades afectadas por la mina de Goldcorp.
Documentos relacionados
- Antecedentes del caso Imai contra Canadá, preparados antes de la audiencia del caso en febrero de 2021 (6 páginas, en inglés)
- Cronología detallada de la mina Marlin de Goldcorp (3 páginas, en inglés)
- Informe detallado del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa sobre las intervenciones de los funcionarios canadienses para ayudar a Goldcorp a evitar el cierre de la mina (en inglés) (64 páginas, en inglés)
Comunicado de prensa emitido por Above Ground, Amnistía Internacional, la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa, Inter Pares, MiningWatch Canadá y el Fondo humanitario de los Steelworkers.