16 March 2020

Familias desplazadas por la crisis de Hidroituango en mayo de 2018

Familias desplazadas por la crisis de Hidroituango en mayo de 2018 (Joaquin Sarmiento/AFP/Getty Images)

La represa de Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más grandes de Sudamérica, un coloso de ingeniería destinado a abastecer casi una quinta parte de la demanda energética de Colombia. Sin embargo, las numerosas fallas del proyecto han resultado catastróficas. En 2018, la gigantesca estructura casi se derrumbó, provocando una emergencia nacional que obligó a la evacuación de decenas de miles de personas. La empresa a cargo del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM), es objeto de investigaciones penales por presunta corrupción y daño ambiental en el desarrollo de la represa.

Las alertas de corrupción y daños sociales y ambientales han acompañado al proyecto desde sus inicios.  No obstante, la agencia de crédito a la exportación de Canadá, Export Development Canada (EDC), que indica que sólo apoya negocios “ambiental y socialmente responsables”, ayudó a que el proyecto ocurriera. En 2016, EDC aprobó un préstamo de 466 millones de dólares canadienses a EPM, del cual se destinó casi la mitad para financiar la represa de Hidroituango, el proyecto más importante de EPM.

Alertas tempranas de riesgos para los derechos humanos 

Las comunidades locales se oponen a la represa desde hace mucho tiempo. El proyecto ha impactado a decenas de miles de personas que dependen del Cauca, segundo río más grande de Colombia, para ganarse la vida.

En 2012, el galardonado libro del antropólogo Jorge Eliécer David Higuita advirtió sobre el “inminente etnocidio” del pueblo indígena nutabe de la zona debido a los peligros que plantea el proyecto.

“[D]esde sus consecuencias ambientales y socioculturales para las comunidades de los municipios donde se ubica [Hidroituango], sus impactos negativos van creando un desastre.”

– Jorge Eliécer David Higuita, Crónicas de un inminente etnocidio en el cañón del río Cauca (2012), p. 7

Al año siguiente, la población local comenzó a denunciar desalojos forzosos, que eventualmente desplazarían a cientos de familias, y la pérdida de los medios de vida asociados con el proyecto. Poco tiempo después, cientos de residentes de comunidades afectadas marcharon hasta Medellín, donde ocuparon durante más de seis meses un centro deportivo en señal de protesta por el proyecto.

Las comunidades locales también alertaron que el proyecto estaba exacerbando la violencia en el contexto de las décadas de conflicto armado en Colombia. En 2013, Amnistía Internacional alertó que se tildaba de guerrillera a la población local opuesta al proyecto y que ésta era blanco de las fuerzas de seguridad colombianas. La coalición Movimiento Ríos Vivos Antioquia, que agrupa organizaciones de la sociedad civil en contra de la represa, denunció casos de tortura a manos de las fuerzas armadas de Colombia, detenciones masivas y vigilancia. Ese año, dos de sus miembros fueron asesinados. La ONG sueca Swedwatch confirmó un patrón de amenazas y abuso hacia la población local de parte del personal de seguridad privada y pública contratado para vigilar el proyecto.

“En los últimos años, las fuerzas de seguridad han calificado repetidamente de combatientes guerrilleros a quienes se oponen al proyecto de Hidroituango (…). Las personas que son calificadas de colaboradoras de la guerrilla se han convertido frecuentemente en víctimas de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas.”

— Amnistía Internacional, “Acción Urgente”, 2013

Toda esta información era de acceso público desde mucho antes que Export Development Canada aprobara el préstamo a EPM en 2016.

2012: Un proceso de licitación sumido en controversia

Las sospechas generalizadas de corrupción existieron desde el comienzo del proyecto. En 2012, EPM adjudicó el contrato de construcción de la represa al consorcio CCC Ituango que encabeza la empresa brasileña Camargo Corrêa. Los medios colombianos informaron sobre numerosas quejas de parte de otros oferentes del proceso y políticos regionales que alegaron que el proceso de licitación estuvo sesgado a favor de CCC Ituango.

Varias empresas optaron no participar en el proceso de licitación al estimar que estaba amañado. Indicaban la oferta exageradamente baja de CCC Ituango, cambios a último momento en las reglas de la licitación que imposibilitó la participación de muchos concurrentes, y un conflicto de interés que fue objeto de una controversia nacional. El grupo anticorrupción Virtual Transparency publicó un informe en 2012 que pedía eliminar a CCC Ituango del proceso de licitación.

Poco después de ganar el contrato, Camargo Corrêa surgió como figura clave en el escándalo de corrupción de Lava Jato en Brasil, el mayor escándalo de soborno en la historia de ese país. En 2015, tres de los altos ejecutivos de la empresa fueron declarados culpables por corrupción y lavado de dinero en Brasil, y la empresa confesó su rol en el monumental cartel de manipulación de licitaciones y de sobornos.

El alcalde de Medellín, la ciudad propietaria de EPM, respondió a estos eventos a principios de 2017 convocando públicamente una investigación sobre el proceso de licitación de EPM. La Fiscalía General de la Nación no perdió tiempo en ponerse manos a la obra.

Meses más tarde, la agencia de crédito a la exportación de Canadá amplió las condiciones de su préstamo a EPM.

El imprudente plan de EPM para acelerar las obras

Ya en 2013, EPM enfrentaba retrasos significativos en la construcción del proyecto. La empresa tomó medidas para acelerar las obras, lanzando un plan para añadir un tercer túnel de desvío de agua, a pesar de las recomendaciones de la Junta Técnica Asesora en contra de ello por razones ambientales y de seguridad. Según la Contraloría General de Colombia, la aprobación en 2015 para la construcción del túnel de EPM fue ilegal, ya que ocurrió más de un año antes de que la empresa obtuviera la licencia requerida de las autoridades ambientales. Desde entonces, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha impuesto una serie de multas que sobrepasan los 5.5 millones de dólares canadienses en relación a ésta y otras infracciones.

En mayo de 2018, el taponamiento y posterior derrumbe del túnel llevó a que casi colapsara la represa de Hidroituango, poniendo en peligro a decenas de miles de personas. Las inundaciones resultantes arrasaron con una aldea y destruyeron infraestructura pública crítica.

El alto costo de las alertas ignoradas

Al cabo de más de un año de que la represa casi colapsara en 2018, la crisis estructural aún no se ha resuelto y las autoridades no han descartado la posibilidad de que la represa aún pueda colapsar. Miles de personas que fueron evacuadas en 2018 esperaron más de un año antes de que se les permitiera regresar a sus hogares en julio de 2019, aunque permanecen en alerta debido al riesgo de más evacuaciones.

En febrero de 2019, la crisis estructural llevó a EPM a cerrar dos compuertas, frenando el 80 por ciento del caudal del río Cauca y matando decenas de miles de peces. El resultado, según el procurador general de la Nación, fue una “emergencia ambiental” que continúa poniendo en riesgo el medio de vida y sustento básicos de decenas de miles de personas. El procurador general ha abierto una investigación disciplinaria sobre los daños ambientales causados por la represa.

En agosto de 2019, el fiscal general formuló cargos penales contra un exgerente de EPM por delitos referentes a la contratación. Los cargos se relacionan con investigaciones en curso sobre presuntos pagos efectuados a los funcionarios públicos en el proceso de licitación de la represa.

“Prácticamente se secó el río Cauca y eso ha generado un daño que muchos sostienen que es irreparable.”

– Fernando Carrillo, procurador general de la Nación

“Estamos perdiendo el río Cauca a velocidades insólitas (…). Los expertos encontraron peces famélicos por falta de nutrientes, lo que afecta a la población.”

– Néstor Humberto Martínez, exfiscal general

En octubre de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció una investigación histórica para determinar si violó sus políticas de debida diligencia social y ambiental al financiar el proyecto de Hidroituango sin evaluar adecuadamente sus impactos.

La Contraloría General estima que el impacto fiscal de la crisis de la represa es de 1,500 millones de dólares canadienses hasta la fecha. Indica que los daños sociales y ambientales que causó el proyecto, en cambio, son “incalculables”.

Mientras tanto, las y los dirigentes comunitarios que se oponen al proyecto siguen afrontando intimidación y violencia. En 2018 dos más fueron asesinados.

La respuesta de Export Development Canada

En julio de 2019, en respuesta a una investigación del periódico canadiense The Globe and Mail, se le solicitó a una portavoz de EDC pronunciarse sobre la debida diligencia del banco en relación con el préstamo que se le otorgó a EPM:

Shelley Maclean, una portavoz de la entidad, le indicó a The Globe por correo electrónico que se examinó a EPM en dos oportunidades, una cuando se hizo el préstamo, y un año más tarde al extenderse sus términos.

Dice que EDC “notó que la empresa tenía políticas, procedimientos y programas adecuados a nivel corporativo relacionados con el medio ambiente, la lucha contra la corrupción y los derechos humanos”. (…)

La funcionaria dice que el proceso de revisión de la agencia “no halló alegaciones de irregularidades antes de 2017”. Luego de las noticias de Lava Jato, dice, EDC “estuvo en contacto con EPM (…) Notamos que EPM había iniciado una investigación interna y que estaba cooperando con las autoridades a pesar de que [en ese momento] no había una investigación formal. A su vez, la empresa nos confirmó que la adjudicación del contrato del proyecto Hidroituango respetó requisitos estrictos de transparencia y supervisión pública conforme exige la legislación colombiana”.

-The Globe and Mail, 2019

Posteriormente, Mairead Lavery, presidenta y directora ejecutiva de la entitad, insinuó que el préstamo a EPM podría haber sido un error, indicando que “vinculó el nombre de EDC a una catástrofe ambiental, económica y humana”.

En noviembre de 2019, una destacada dirigente de una comunidad afectada por Hidroituango viajó a Canadá y se reunió con responsables de Export Development Canada. Isabel Zuleta, vocera de la coalición Movimiento Ríos Vivos, instó a los funcionarios a explicar de qué manera la entitad estaba abordando los daños ocasionados por la represa, y los peligros que aún presenta. Los funcionarios no ofrecieron respuestas a estas preguntas y, en vez, se expresaron en términos generales sobre los esfuerzos de EDC por “alinearse” con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y por explorar la influencia que podría ejercer en sus relaciones con las empresas. No se reconoció la responsabilidad del banco de garantizar que las personas perjudicadas y amenazadas por Hidroituango reciban remedio y protección.

“Sin el dinero del extranjero, Hidroituango no hubiera sido posible. (…) Por lo tanto la responsabilidad de nuestra vida y de protección también es de los inversores.”

– Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos 

El rol de EDC en el desastre de Hidroituango demuestra la imperante necesidad de que el Gobierno canadiense le imponga reglas a su agencia de crédito a la exportación. Sin mecanismos para responsabilizar a esta corporación estatal por sus impactos en poblaciones y comunidades, existe un alto riesgo de que Canadá continuará financiando proyectos tan imprudentes y dañinos como la represa de EPM.

Publicado en inglés el 15 de julio de 2019; actualizado el 14 de enero de 2020

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