15 June 2022

Por Above Ground y Amnistía Internacional Canadá

Hidroituango es un megaproyecto hidroeléctrico financiado en parte por Canadá que ha resultado en graves daños para las personas y el medio ambiente. La polémica represa al norte de Colombia estuvo al borde del colapso en 2018 mientras estaba en construcción. La avalancha de agua y escombros que se desprendió al reabrirse súbitamente un túnel de desviación destruyó hogares, puentes y medios de vida, lo que obligó a la evacuación de decenas de miles de personas. El río Cauca quedó contaminado y se perdió la integridad ecológica de la zona. Cuatro años después, la población local sigue sufriendo las consecuencias, sin que se vislumbren reparaciones provenientes de Canadá.

Lugareños que debieron abandonar sus hogares sostienen un cartel que indica “L@s afecad@s por Hidroituango exigimos un albergue en mejores condiciones, reubicación urgente. ¡Que responda EPM que nos perjudicó!” Foto: Agencia Prensa Rural, con licencia CC BY-NC-ND 2.0.

El rol de Canadá en el desastre

La Corporación de Fomento de las Exportaciones de Canadá (Export Development Canada, EDC), entidad estatal de crédito a la exportación, es uno de los entes que financiaron la construcción de la represa de Hidroituango. La Corporación lo hizo a pesar de las muchas alertas de riesgos vinculados al megaproyecto.

Tanto Hugo Albeiro George Pérez (izquierda) como Luis Alberto Torres Montoya (derecha) eran miembros activos del Movimiento Ríos Vivos y fueron ultimados, junto a familiares, en mayo de 2018. Con licencia CC BY-NC-ND 2.0

El Movimiento Ríos Vivos que agrupa a familias locales que se dedican a la pesca, el barequeo y la agricultura de subsistencia, lleva años denunciando la violencia y los abusos a los derechos humanos vinculados a la represa, y advirtió sobre graves daños al medio ambiente del cual dependían sus medios de vida. Pronunciarse al respecto ha acarreado amenazas de muerte, más atentados e incluso asesinatos.

A pesar de las advertencias, en 2016 la agencia canadiense de crédito a la exportación aprobó un préstamo de 466 millones de dólares a la entidad a cargo del proyecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM). La Corporación estaba al tanto de que el 45% del préstamo estaba destinado a la construcción de la enorme represa de 2,400 megavatios la cual, según EPM, sería una proeza de ingeniería que generaría suficiente electricidad para satisfacer casi una quinta parte de las necesidades energéticas de Colombia.

La Corporación canadiense aduce que realizó un proceso de debida diligencia con relación al préstamo, habiendo examinado a EPM en dos instancias, y habiendo determinado que la firma contaba con adecuados procedimientos y políticas anticorrupción, de derechos humanos y ambientales. Satisfecha con ese resultado, la Corporación siguió adelante con el préstamo.

En 2019, Isabel Zuleta, portavoz del Movimiento Ríos Vivos1 viajó a Canadá y se reunió con la dirección de la Corporación2. La portavoz, junto a Above Ground y Amnistía Internacional Canadá explicó el alcance de los daños ocasionados por el proyecto, y pidió reparaciones y el cese de las prácticas crediticias perjudiciales de la Corporación.

“Sin fondos del extranjero, Hidroituango no hubiera sido posible”, dijo Zuleta. “Sin fondos del extranjero, Hidroituango no hubiera sido posible”, dijo Zuleta. “Seis líderes de Ríos Vivos han sido asesinados. La mayor parte del grupo ha recibido amenazas. […] La responsabilidad por los impactos continuos en nuestras vidas también recae en los inversionistas.”

La Corporación no negó que se hubieran producido daños. De hecho, en 2019, reconoció públicamente que su préstamo a EPM “vinculaba el nombre de la Corporación a una catástrofe ambiental, económica y humana”. Sin embargo, la entidad canadiense no llegó a asumir la responsabilidad de brindar reparaciones.

Breve análisis de la política de remediación de la Corporación Canadiense de Fomento de las Exportaciones

Formando parte de su marco de derechos humanos, en 2020 la Corporación adoptó una declaración de políticas formal en la cual describe sus “principios sobre influencia y reparación”. Los mismos, estipula, ayudarán a “mejorar la gestión de riesgos en cuanto a derechos humanos” y a “optimar el posicionamiento de la Corporación para garantizar que se brinden reparaciones en caso de ocasionarse impactos, mediante acciones que podamos tomar antes y después de su ocurrencia”. Los principios resultan poco reconfortantes para las comunidades perjudicadas por el megaproyecto Hidroituango.

Isabel Zuleta (izquierda) hablando con funcionarios de la Corporación en 2019 junto a Karen Hamilton de Above Ground (centro) y Louise Casselman del sindicato Alianza del Servicio Público de Canadá (Public Service Alliance of Canada, PSAC) (derecha).
Foto: Kathy Price / Amnistía Internacional Canadá.

No puede haber reparación sin rectificación de injusticias. Conforme los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, normas mundiales autoritativas que gozan del respaldo unánime de los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluido Canadá en 2011, la reparación puede incluir disculpas, restitución, rehabilitación, compensación financiera o no financiera y garantías de no repetición para evitar daños adicionales.

Según nuestros conocimientos, la Corporación no ha ofrecido ninguna de estas reparaciones, ni ninguna otra, a las víctimas del desastre de Hidroituango, incluso después de escuchar testimonios directos sobre la desesperante situación de quienes perdieron sus hogares y medios de vida.

No sería la primera vez que un prestamista proporcionara una compensación financiera a las personas perjudicadas por un proyecto que financió. Tal es el caso del Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda (Australian and New Zealand Banking Group, ANZ), que otorgó compensación a las familias camboyanas desalojadas por la fuerza por un proyecto que apoyaba. La política de la corporación crediticia canadiense, por otro lado, en ningún momento menciona compensación financiera. Reconoce que las personas perjudicadas tienen derecho a un recurso que las restaure a “la situación en la que se encontraban antes de ocurrir el impacto”, pero agrega que “en la mayoría de los casos, la responsabilidad de la Corporación es servirnos de nuestra influencia para alentar a clientes y otras partes responsables a proporcionar formas apropiadas de reparación a las personas gravemente afectadas por sus actividades”.

Es una estrategia engañosa. Por ejemplo, la Corporación le indicó a Above Ground y a Amnistía Internacional Canadá que no tiene “manera de influir” para presionar a EPM a que proporcione reparaciones por los daños de Hidroituango ya que la empresa saldó el financiamiento de la Corporación en 2019. Y así, pareciera que la Corporación se lava las manos del desastre.

Dada esta realidad, cuesta concebir la política de la entidad canadiense como algo más de una vana declaración teórica sobre el “derecho a un recurso efectivo” para víctimas de “impactos adversos” que le permite distanciarse de su posible culpabilidad.

Destrucción del río Cauca. Foto: Agencia Prensa Rural, con licencia CC BY-NC-ND 2.0.

El respeto a los derechos humanos significa prevenir más daños

La construcción del proyecto de Hidroituango sigue adelante y su entrada en operaciones está programada para noviembre de 2022. Al mismo tiempo, las comunidades aledañas siguen sufriendo los devastadores impactos de la violencia y la destrucción vinculadas al proyecto.

Si bien EPM terminó de pagar el préstamo, la Corporación Canadiense de Fomento de la Exportación continúa respaldando las inversiones corporativas en otras partes de Colombia donde se vinculan violaciones de derechos humanos a la actividad corporativa3. Se exhiben, en el portal de la Corporación, artículos en que se presenta a Colombia como un país posconflicto, donde las violaciones de derechos humanos son cosa del pasado y el hacer negocios en ese país ya no presenta riesgos, a pesar de la abundante evidencia reciente que prueba lo contrario. A su vez, la entidad continúa apoyando o promoviendo la inversión en industrias colombianas vinculadas a graves violaciones de derechos humanos claramente documentadas, incluyendo agronegocios, petróleo y gas, y defensa y seguridad.

Los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la influencia y la reparación deben ser más que palabras en los documentos de políticas. La evaluación de riesgos de cualquier solicitud de financiamiento siempre debe priorizar los peligros que afrontarían las personas y el medio ambiente. La debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente debe dar prioridad a la cuidadosa consulta con las comunidades afectadas y las organizaciones fiables. La agencia crediticia canadiense también debe defender activamente los derechos humanos abogando por garantías de que quienes se pronuncien en contra de los daños que pueda plantear un proyecto no se enfrenten a la criminalización, amenazas o ataques. Como indica el Movimiento Ríos Vivos: “tenemos una voz propia que debe ser escuchada por todos los entes gubernamentales. […] [D]e nuestro testimonio depende el territorio y la vida de muchas personas”.


1 Isabel Zuleta fue elegida senadora en Colombia en marzo de 2022.

2 Véase la transcripción completa de la reunión aquí: https://aboveground.ngo/wp-content/uploads/2022/04/Zuleta_transcript_10Dec2019.docx.pdf

3 Recientemente, EDC brindó financiamiento a empresas afiliadas a EPM – hasta 500 millones de dólares en 2020 y 2021 – y a otras empresas que operan en regiones de Colombia donde cunden los conflictos.

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